1. Introducción
En la actualidad, perenemente
observados como la gestión de las finanzas en muchas naciones han deteriorado
sus bienes y servicios; altos índices inflacionarios, elevados gastos
superfluos, inversión sin retorno,
corrupción, entre otros; han fisurado
las arcas monetarias de la nación. El tema de la autonomía y/o
dependencia financiera de las entidades federativas en México es un tema
fundamental, debido a sus pro y contra.
En general, una autonomía
financiera de un Gobierno Local, obliga a una estricta fiscalización de la
gestión, y por ende las instituciones revisadas deben ser lo más transparente
posibles, para obtener la trazabilidad de la subnación. Está condición de
autogestión, repercute a un desgaste tanto a las instituciones federales como
locales, sin embargo es necesario evolucionar en una mayor administración descentralizada. Muchos de los
retos que actualmente enfrentan las Subnaciones son: romper posiciones de inercia, modelos status quo,
falta de participación y laxas legislaciones. Estos y otros argumentos han sido
pretextos para justificar la dependencia
financiera de muchos gobiernos locales hacia la Administración Superior.
Está vinculación financiera, en el entendido de ingreso de cobro al tributo a
nivel local, en el caso de México (Morales, Marco. Pág. 11) es alrededor de
0.8% PIB y en Costa Rica está cerca del 0.58% PIB, dejando evidencia del gran
trabajo por emprender.
La primera fase de la actual
legislación está en desarrollo; sin embargo, es necesario fortalecer la
descentralización; por medio de nuevas oportunidades de captar impuestos, con
el fin de mermar el cobro centralizado del Gobierno Central. Paralelamente, con
el tema principal es necesario revisar el gasto público, el cual juega un papel
protagónico en las finanzas públicas que en resumen es bienestar del
contribuyente, y por ende de toda la Nación.
2. Desarrollo
La relación entre la federación mexicana y las
entidades federativas que componen a la república es una de cambio,
especialmente en las últimas dos décadas.
Este cambio se ha reflejado principalmente en la libertad que tienen los
estados y cómo la ejercen a comparación de hace 25 años. De acuerdo a Arnoldo
de la Garza, candidato a Doctor en Teoría Política Teoría Democrática y
Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo
del 25 de julio del 2013 escrito para el diario digital La Verdad de Tamaulipas, hoy en día los gobiernos de los estados
han comenzado “... a utilizar las facultades constitucionales que no
ejercían...” lo cual ha provocado que “los gobernadores [descubrieran] que
ahora [tienen] en su poder esas importantes herramientas antes inéditas en la
vida política del país, para disputarle el diseño y el reparto del presupuesto
y, en su caso, el control del poder político al presidente de la
república.” (Ramos, 2013). Actualmente,
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cárama de Diputados aprobó la
minuta para facultar al Congreso de la Unión de expedir un Código Procesal
Penal Único (Ramos, 2013), con ello se busca lograr mayor igualdad en los
procesos penales dentro del país.
México no ha sabido usar el
sistema federalista a su favor y prueba de ellos ha sido las inconsistencias y
el camino de desigualdad legal y jurídica para poder hacer un proceso penal
dentro del país. El país cuenta con un total de 33 códigos penales distintos en
dónde la aplicación de" criterios legales homogéneos y coherentes es
nulo" (Ramos, 2013). Este es un hecho que no ayuda a tener justicia y
equidad. Por ello el primer paso que se tomó, fue el de otorgar el poder a la
Congreso de la Unión para poder expedir un
Código Procesal Penal Único que se aplique en todo el país.
Otro giro importante para la vida
pública del país es, el sistema de contabilidad nacional, la centralización del
pago de nómina a maestros, la eliminación de institutos electorales estatales para
la unificación de un Instituto Nacional de Elecciones, centralización de la
seguridad pública... Con todo estos cambios, la nación y el gobierno en
turno (Partido Revolucionario
Institucional) quiere dejar a México fuera del federalismo puro y crear un
centralismo sólido.Parece ser que el tema de más índole para el país es la
deuda pública y la violencia, corrupción y el narcomenudeo. Dentro del tema que
abarca a la gama de crimen organizado, corrupción y narcomenudeo, las
modificaciones a la Ley de Salud que ahora facultan a los estados para juzgar
los delitos por narcomenudeo han hecho un cambio importante en la estrategia
contra el combate de los carteles. Estos cambios a la ley sólo dan derecho de
enjuiciar delitos menores (posesión o distribución en cantidades mínimas), ya que
los actos relacionados con delincuencia organizada seguirán manejándose
a nivel federal. De acuerdo con la revista electrónica Proceso, "...los
estados serán los que absorban los gastos en esta nueva competencia...".
Esto significa una ventaja para los estados al tener menos barreras
burocráticas para poder resolver sus problemas territoriales en materia de
salud, sin embargo comenzamos a notar como la federación se aleja de ciertas
responsabilidades en temas financieros.
Además de este fenómeno de anticetralización que se
observa en las entidades federativas, el gobierno federal ha emprendido varios
proyectos, cambios, iniciativas y propuestas en relación con los estados. Entre
estos cambios están propuestas que tocan temas tan diversos como la deuda
pública, los impuestos y la transparencia. En el presente trabajo colaborativo
se explorará la nueva posición de los estados frente a la federación. Además se
analizarán las ventajas y desventajas de las
propuestas federales relacionadas con las obligaciones fiscales y el
presupuesto, la deuda pública y la nueva agencia anticorrupción y cómo
afectarán estas a los estados.
Finalmente el equipo dará su conclusión sobre el tema y sobre los cambios a
esperar en el futuro cercano.
Antes
de ahondar el tema, es fundamental indicar, que la administración pública (Fernández Ruiz,
Jorge. Pág. 276) entendía como el conjunto de áreas del sector público del
Estado que, mediante el ejercicio de la función administración, la prestación
de servicios públicos, ejecución de obras públicas y la realización de otras
actividades socioeconómicas del interés público, tratan de lograr los alcances
del Gobierno. Ahora bien, está enorme tarea, le es necesario tener un
presupuesto, sujeto a fiscalización para satisfacer esté mandato, cuya
coordinación recae a la Secretaria de Hacienda,
responsabilidad primordial es (Faya Viesca, Jacinto. Pág. 281) la
formulación y ejecución del programa financiero a corto, mediano y largo plazos
del gobierno federal. Realizando una revisión del modelo federalista, una
ventaja del régimen en manera hacendaria es la facilidad de implantar una
administración descentralizado que (Chapoy Bonifaz, Dolores, Pág. 6) dé la
capacidad de crear recursos, expresando el derecho de contar con los fondos
suficientes para destinarlos a la prestación de los servicios públicos bajo su
responsabilidad.
Con este preámbulo se puede ahondar, en la
legislación en materia hacendaria su autonomía y dependencia de las entidades
federativas. Está autonomía tributaria de las entidades federativas en la
actualidad está muy sujeta al Estado, cuyo porcentaje de captación tributaria
alcance el 94%, lo cual opaca las demandas del gobierno local, dificultando la
prestancia de los servicios en su eficiente manera. Ésta soberanía representa
un 5% de ingresos por cobro de tributos, creando un situación de urgencia para tener una sana y expedita
transición hacia una coordinación hacendaria que evite (Chapoy Bonifaz, D. Pág.
313) presiones inflacionarias, generan menor eficiencia en la gestión,
disminuyen el bienestar social y crea desigualdad.
Abonado a estos ingresos propios,
se debe de agregar la vergonzosa realidad de la evasión fiscal, que en México
(Guajardo Cantú, G. Pág.15) está alrededor del 27% y en Costa Rica (Morales,
Marco. Pág. 14) a nivel local es de 34%. Desde luego, está práctica ha generado
una presión negativa, entorpeciendo la captación de recursos presupuestados, y
por ende la dependencia aumenta. Ahora bien, en la actualidad existe una grande
dependencia de las transferencias y aportes del Gobierno Central hacia las
Subnaciones, debido a la poca participación del cobro de impuestos a los
contribuyentes, acción que obedece la legislación por cumplir. Dicha directriz es entendible, para el monitoreo de
alcance de objetivos y resultados de la implantación del modelo
descentralizado. Desde luego, está dependencia merma con las iniciativas
locales en la creación de nuevos
servicios locales remunerados (planta de reciclaje de desechos sólidos,
seguridad privada municipal, etc.) y/o captación de nuevos tributos, por
ejemplo; cobro de impuesto al régimen del pequeño contribuidor (Costa Rica:
régimen contribuyente del impuesto
renta).
En materia de desarrollo
sostenible y competitividad, es llamativo que cerca del (Guajardo Cantú, G.
Pág.57) 20% de los ingresos en el presupuesto de México son petroleros, siendo
estos recursos no renovables, y a largo plazo mermaran las arcas fiscales, lo
cual suscita un llamado a diversificar los ingresos con una menor
participación.
Otro punto en la autonomía y/o
dependencia, ya sea Central y Local, es la perenne gestión del gasto público.
Ambos gobiernos son llamados a mejorar del gasto corriente y mantener la inversión pública, para
garantizar el servicio a los contribuyentes. Es interesante analizar el tema
del gasto corriente, que en muchos casos, son sangrados por desembolsos elevados por pagos a funcionarios con corona política (Guajardo Cantú,
G. Pág.61), cerca del 1,1% del egreso es Poder Judicial.
Sin duda, otro tema que afecta a
todas las administraciones del mundo, es el tema de los pasivos y la deuda
pública. Por ello es muy importante reforzar las leyes y sistemas nacionales
para tener responsabilidad fiscal óptima
y con enfoques a crecimiento micro económica y macro económica dentro del país.
Tomando a México como caso, vemos que existen estados que cuentan con una
disciplina fiscal y niveles de deuda saludables, mientras que se tiene estados
como el Chihuahua en dónde los niveles
de deuda aumentaron en menos de 13 años al pasar de $2 mil 766 millones de
pesos a $27 mil 105 millones para a medidos del 2013. (Fuente: Mas noticias).
Estados como Chihuahua o Nuevo
León por mencionar algunos, es que tienen una dependencia presupuestaria
importante en relación con el gobierno federal.
Vemos que aún existen muchos estados en donde sus ingresos por parte del
ramo 33 y 28 suman más del 70% incluso 80% de su presupuesto estatal. Aunado a esto, los empréstitos son usados
para poder pagar el gasto corriente de los gobiernos y no para la inversión en
obra pública que pueda arrojar más derrama económica. Dentro de esta línea, es
necesario que las modificaciones a los principios de deuda pública sean para
evitar la confusión jurídica existente y establecer criterios de sanción a
funcionarios que por acto u omisión comentan errores que hagan sufrir las finanzas de los estados. Los cambios
constitucionales que están surgiendo en el país para reformar el artículo 117,
el cual busca controlar la deuda pública, será positivos. De acuerdo con el
diputado federal Víctor Fuentes Solís, es necesario abrir a licitación los
empréstitos que solicita el gobierno con los bancos, para así poder dar
"transparencia, seguimiento de los pagos, tasas de interés más
competitivas y encontrar una mejor condición para el crédito". (Anguiano,
2013).
Con la regularización de la ley
secundaria para las deudas, se espera disminuir la corrupción que existe entre
los prestamistas y las figuras políticas con el sistema de licitación. Los
cambios a la ley, de ser aprobados se mejoraría el panorama para establecer
límites, la imposición de sanciones a funcionarios que incumplan en materia
fiscal, el poder para que la Cámara de Diputados haga opiniones sobre la
estrategia a seguir en los estados con niveles de deuda elevados. (Anguiano,
2013).
En
referencia a la Comisión Nacional Anticorrupción, se debe tomar en que esta
iniciativa federal que busca reducir la corrupción a todos los niveles de
gobierno y en todos los estados, es la última versión de varias encarnaciones
diferentes de la misma idea. De acuerdo al Artículo de Américaeconomía en Línea
del 9 de Abril de este año 2013, han habido intentos gubernamentales que han
buscado erradicar la corrupción desde 1982. Algunos ejemplos son:
· En 1982, la Secretaría de la Contraloría de la Administración
Pública de la Federación (Secodam).
· En 1998 la Auditoría Superior de la Federación en sustitución de
la Contaduría Mayor de Hacienda.
· En 2000 la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.
· En 2004 la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el
Servicio Público Federal, dentro de la estructura de la Procuraduría General de
la República (PGR).
· Y en 2011, la Ley Federal de Prevención e Identificación de
Operaciones de Procedencia Ilícita conocida como Ley contra el Lavado de
Dinero.
En cuanto a lo que
esta iniciativa representa para los estados y su relación con la federación, en
el artículo se menciona que es posible que se creen órganos autónomos en los 31
estados del país de acuerdo con una teórica ley General en materia de
Prevención y Combate a la Corrupción que fijaría los estándares mínimos para
todos los estado. Así mismo se hace mención en el artículo que los consejeros
no serán designados por el poder ejecutivo (federal) con el fin de que la misma
no pierda objetividad con respecto a los sujetos bajo investigación.
Ambas medidas aunque fijan un modelo y normas generales a seguir dan
independencia los estados en el sentido de que estos serían los encargados de
manejar sus respectivos órganos. En cuestión de
la interrelación de las finanzas públicas nacionales y subnacionales, algunas
de las acciones que pueden reconocerse para disminuir la dependencia es que se den
señales de un manejo adecuado del dinero
recaudado, está correctamente invertido al bienestar público. Esto le permitirá
al Gobierno Estatal como Local tener confianza, en futuros incrementos en sus
servicios para resarcir sus obligaciones.Está dependencia va aumentando en
muchos municipios, por posiciones de inercia, falta de creatividad e
innovación, compromiso y en muchos casos falta de ética. Son muchos los retos
tanto para la Nación como la Subnación, que deben enfrentar, sin embargo es necesario hacer sinergia, con programas
de acompañamiento a los municipios para generar nuevos y mayores ingresos. No
hay pomada canaria, solamente trabajo honesto con ahínco y perseverancia. La
clave no son las leyes, programas u otros acciones del Gobierno, sino más bien,
está vinculación se puede acatar, desde las trincheras locales. Nuevos
innovadores servicios, mejor recaudación y una correcta ejecución del plan; son
desahogos para la sumisión del sistema.
Desde luego, es fundamental revisar
el gasto público que por muchas décadas,
instituciones gubernamentales ineficientes e inoperantes, han sangran el
presupuesto nacional, lo cual obliga al gobierno de turno incurrir en la
creación de “nuevos” impuestos e incrementar el costo de los servicios
públicos, con el objeto de resarcir el déficit, siendo estas acciones
paliativas. Es necesario cortar estos tumores, reubicando la fuerza laboral y
fusionando servicios.
Uno de los tantos obstáculos es
la viabilidad de la política fiscal, que tan factible es su ejecución, que garantice
la disminuir brechas. La viabilidad en muchos países es tema perenne, debido a
sus contradicciones y malas interpretaciones. La monumental imagen corrupta de
muchos políticos, empresarios privados y funcionarios públicos ha repercutido
en una ingobernabilidad institucional,
generando desgane de los contribuyentes atentando el mejoramiento de la
recaudación. La inmensa evasión de impuesto de muchas empresas y personas
jurídicas, debilitan el sistema fiscal. Los desajustes internos en los gobiernos
locales aisladamente respecto a las atribuciones y a la posibilidad de
financiar su cumplimiento, complica el cumplimiento al mandato. La burocracia
institucional, tramitología engorrosa y
corrupción municipal; son desarreglos locales que entorpecen la transferencia
de recursos frescos del Estado hacia los municipios. Otro obstáculo macro que
se puede presentar; es el riesgo país.
Cualquier eventualidad pública socava la
imagen Nación, y por ende repercute las
finanzas públicas: crimen organizado, tráfico de armas y droga, alto grado de
analfabetismo, inseguridad jurídica y física; son algunos espantapájaros para
los inversionistas; que en todos los casos las Subnaciones son los más
afectados, privándolas de nuevos ingresos.
3. Conclusión
Es
de reconocer las limitaciones y obstáculos que tiene los gobiernos locales en
la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa de las municipalidades.
La débil gestión, ha repercutido en no organizar y/o presupuestar los recursos
públicos en función de las prioridades que se desprendan de un plan regulador
urbano; siendo el caso costarricense el común denominador. Además, un factor
cuya variable es manejable sin embargo desgastante es la heterogeneidad de
Estados y municipios, cuyo objetivo es que todos gestionen según la
legislación, y desde luego, existen retos que muchos no han resarcido esos
obstáculos, los cuales agregan peso al despegue de la autonomía. La falta de
personal calificado, de conocimiento y manejo de los procedimientos
administrativos de la gestión pública; el uso inadecuado o carencias de
sistemas de información, son algunos de los desafíos a trabajar. Es claro, que la fortaleza financiera de los
municipios deberá estar orientada a
tener como base la capacidad de gestión de recursos propios. Tanto de
los llamados "tradicionales", impuesto predial y cobro de servicios
públicos, como de formas novedosas y que signifiquen un cambio radical en forma
de obtener recursos: régimen de pequeños contribuyentes y recuperación de sus
potestades tributarias. Desde luego, es fundamental revisar el gasto público que por muchas décadas, instituciones gubernamentales ineficientes e
inoperantes, han sangran el presupuesto nacional, lo cual obliga al gobierno de
turno incurrir en la creación de “nuevos” impuestos e incrementar el costo de
los servicios públicos, con el objeto de resarcir el déficit, siendo estas
acciones paliativas. El análisis comparativo que se realiza, muestra la realidad sobre
distintas semejanzas y divergencias entre uno y otros en México. El gasto
público, las finanzas, presupuestos, comunicaciones, recursos naturales e
incluso el combate contra ciertos delitos comprenden una denominación de
dependencia hacia el gobierno federal; esto respecto a su organización interna,
denominación, conformación y estructura del sistema. Para finalizar este tema, creemos
que la centralización del gobierno, trae
consigo muchos beneficios, entre ellos está
permite que los costos de inversión se repartan durante la vida del
activo para el impulso de otros Estados de la República que se encuentren en
proceso de desarrollo. Sin embargo, consideramos que también transfieren
ciertos riesgos no sólo a la autonomía estatal, sino también al sector privado.
Por ello es trascendente generar incentivos para que los activos Estatales, su
deuda y el apego a sus leyes tengan un mantenimiento adecuado. La
responsabilidad recae en ambos organismos y, por ello, es necesario que se
ofrezcan y exijan servicios y normatividades de calidad que descentralicen su
operación, siempre y cuando cada proyecto esté bien evaluado y se tenga
identificado los beneficios de costo y beneficios sociales; esta práctica tiene
el potencial de generar estrategias ganar-ganar, sin que el nivel recaiga
totalmente en una dependencia, buscando un consenso ambi
3.1 Fuentes
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Código Penal Único en la Cámara de Diputados | El Economista." El
Economista . N.p., 25 May 2013. Web. 21 Oct. 2013.
<http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/06/25/avanza-proceso-codigo-penal-unico-camara-diputados>.Recuperado
en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35401122
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